Mientras tanto, persiste la incitación al delito de violentar la estabilidad del país, desconociendo a la autoridad legal, legítima y democráticamente escogida; vilipendiando nacional e internacionalmente al Gobierno y manteniendo una permanente “guarimba” de distintas formas para intentar derrocar al Presidente Chávez y al pueblo que lo acompaña… como sucedió el 11 de abril cuando gracias al bien armado complot, la conspiración apoyada en la complicidad de las empresas mediáticas logró su cometido y sacó al Jefe de Estado del cargo. El derrocamiento se consumó cuando el Comandante Chávez abandono el Palacio de Miraflores secuestrado por los conspiradores. Unos dieron las órdenes… otros las cumplieron. Ambos son responsables del delito de Secuestro, es decir, “Detener y retener por la fuerza a una o a varias personas para exigir dinero u otra contraprestación a cambio de su liberación”. La lengua española es clara en su definición: “detener y retener por la fuerza”. Eso fue lo que sucedió. El Presidente no se fue por iniciativa propia. No fue una situación de rehén… fue un secuestro, porque la contraprestación solicitada fue la renuncia. Además de que se amenazó con bombardear el Palacio de Gobierno. El presidente cedió a entregarse “para evitar mayor derramamiento de sangre”, como él mismo lo dijo ese día… y como ya lo había hecho el cuatro de febrero de 1992. La pregunta ahora es: ¿Dónde están los secuestradores a los que un grupo de jueces sin escrúpulos atribuyó la virtud de estar “preñados de buenas intenciones”? La “gestación” anuló la evidente comisión del delito de secuestro. ¿Qué pasaría si un tribunal dijera que las FARC están preñadas de buenas intenciones, porque su objetivo es solicitar que se instaure en Colombia la igualdad de oportunidades y el equilibrio social y económico? Se acabaría entonces el problema en nuestra hermana República.